I. El destape. 

El tribunal penal italiano que juzgó en ausencia al ex almirante Emilio Eduardo Massera, alias «Comandante Cero», pidió el 4/10/2010 que le sea remitida oficialmente la lista de los más de novecientos miembros de la logia masónica Propaganda Dos, más conocida como P2, a la que pertenecía el ex integrante de la primera junta militar. La lista, contenida en el archivo de la comisión parlamentaria que investigó a la P2, fue solicitada por el fiscal Fancesco Caporale, que instruyó el caso contra Massera, acusado por la desaparición de tres argentinos que también tenían nacionalidad italiana: Angela María Aieta de Gullo, Susana y Giovanni Pegoraro. El marino argentino figura como miembro de la logia –constituida dentro del Gran Oriente de Italia pero pasada a irregularidad en 1976 (1)– y es considerado un miembro importante de la organización “criminal y subversiva” según la comisión que la investigó, bajo la presidencia de la diputada democristiana Tina Anselmi. En ese juicio italiano, el perito forense Piero Rocchini dictaminó en 2008 que los síntomas de debilidad mental que alegaba Massera eran ficticios y era apto para comprender el juicio que se llevaba en su contra. Finalmente falleció el 8/11/2010, únicamente juzgado y condenado a prisión perpetua por los hechos que trató la causa 13/84 «Videla y otros», Cámara Federal de San Martín. Sus oficiales Alfredo Astiz «Gustavo Niño», Jorge Eduardo Acosta «Tigre», Jorge Raúl Vildoza «Gastón», Antonio Vañek y Héctor Antonio Febres «Selva» fueron sentenciados por la II° Corte del Tribunal Penal de Roma a cadena perpetua, más una reparación de € 100 mil para los familiares de las tres víctimas. 

II. Escuela de servicios de inteligencia. 

«Comandante Cero» se formó en la Escuela de las Américas de Panamá en la lucha contrainsurgente.En los 60 fue designado segundo jefe del servicio de informaciones navales en Argentina. 

III. Plan sistemático. 

A partir de 1976, y aún antes del golpe del 24/3 fue el máximo jefe del GT 3.3.2. de la Marina, con igual operatividad en confección de listas negras, clandestinidad y determinación de destinos totalmente extralegales que la que tenía el Batallón de inteligencia 601 del ejército. El GT 3.3.2 tuvo base en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde pasaron miles de víctimas de secuestros y desapariciones de personas. La ESMA contó con distintas áreas, donde funcionaba una maternidad clandestina («la Sardá»), allí nacían bebés de embarazadas en cautiverio. El plan de exterminio y sustracción de bebés produjo el nacimiento de más de 195 bebés en condiciones de clandestinidad, 28 de los cuales tuvieron lugar en ESMA. El sector de depósito-oficinas, llamado «El Pañol» donde se acumulaban bienes y papelerías de propiedades que eran de titularidad de las víctimas

de secuestros y desapariciones, y que luego pasaron a ser propiedad de una banda compuesta por familiares de la oficialidad de la Marina, principalmente los Massera. El sector de interrogatorios donde se aplicaban tormentos a lxs secuestrados, llamado «el sótano», y los lugares donde estaban recluidas las víctimas denominados «capucha» y «capuchita». Los vuelos de la muerte se coordinaron también desde las oficinas de la ESMA, se deduce de las declaraciones del ex capitán de corbeta Adolfo Scilingo: «Ante las dudas de algunos marinos se aclaró que se tiraría a los subversivos en pleno vuelo» (2). 

IV. Maquinaria de latrocinios. 

Massera ingresó a la masonería en la logia P2, carnet 1755 código E 18.77. El «Venerabile» de esa logia constituida en Italia era Licio Gelli, «El titiritero», quien le propuso al Pdte. Juan Domingo Perón que lo nombrara como Comandante de la Armada. Desde ese momento ejerció la máxima jerarquía de esa fuerza. Entre otros argentinos se iniciaron en esa logia el ex comandante del 1° cuerpo del ejército Carlos Suárez Mason,alias «Pajarito», también condenado por crímenes de lesa humanidad, José López Rega, «El brujo», Raúl Lastiri y Alberto Vignes políticos de extracción justicialista. La logia P2 contó con sede en Buenos Aires situada en Cerrito 1136, en los pisos 9 y 11 funcionaba el Banco Ambrosiano, en el piso 10° las oficinas de Massera y la firma familiar Will-Ri. En otros pisos se distribuían firmas de los principales jerarcas de la ESMA como Martiel S.A., Seal Lock S.A., Talsud S.A. Allí tuvieron su enclave a partir del año que Licio Gelli fue distinguido con la Gran Cruz de la Orden del Libertador General San Martín el 19/10/1973, entregada por el Presidente Juan Perón quien según Gelli se había iniciado y terminado con el máximo grado de la masonería de la P2 en junio de ese año, en una ceremonia en la residencia de Puerta de Hierro, Madrid. La distinción de la Orden del Gral. San Martín y su decreto de otorgamiento fue comunicada oficialmente por la República Argentina al Estado del Vaticano, donde Gelli se fue convirtiendo en un administrador general de bienes y negocios, y al Secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger. 

En las oficinas de Will- Ri, en el 10° piso de la calle Cerrito estaban los escritorios del Comandante Cero donde se fraguaron los documentos de ventas de inmuebles, fincas y terrenos de propiedad de lxs desaparecidos. Mientras tanto los socios de Gelli en Europa, los banqueros Calvi, Sindona y Marcinkus habían fundado en el paraíso fiscal Las Bahamas el Bco. Cisalpine Overseas que al cabo de unos meses -septiembre de 1975- compra la mayoría accionaria del BAFISUD de propiedad de otro miembro de la P2 Umberto Ortolani, quien también era dueño del multimedio Corriere della Sera. La ampliación de medios de comunicación a favor de la logia P2 se amplió en la Argentina con la adquisición de Editorial Abril. 

V. Brazo civil y comercial del terrorismo de estado. 

En su declaración testimonial del año 1995 Carlos Gregorio Lordkipanidse (victima de secuestro y torturas, sobreviviente de la ESMA) ante el juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón dijo: «Durante 1980 el capitán Estrada nos exige a Basterra y a mi que confeccionemos diez mil pasaportes argentinos según el nuevo modelo (supuestamente a prueba de falsificaciones, que había diseñado Ciccone Calcográfica para la Policía Federal), ya que tenía la intención de venderlo en el mercado negro internacional. Para esto contaría con el apoyo logístico de la Logia P2. Una gran cantidad de estos

pasaportes llegó a ser impresa en la imprenta de la ESMA, pero no pudieron ser comercializados porque ideamos una fórmula que inutilizaría, al cabo de un tiempo, la marca de agua de los propietarios legítimos» (3). 

VI. Matar al rojo. 

Entre los objetivos de la P2 se destaca el de impedir la propagación del comunismo en América latina. Exactamente el mismo objetivo que tuvo la Triple A, organización liderada por el secretario personal de Perón, José López Rega, y luego anunciado en los manuales que difundió la junta de Comandantes conformada por los genocidas Jorge Rafael Videla, Massera y Ramón Agosti quienes asumieron por la fuerza de las armas el 24/3/76, aplicando un engendro jurídico que predominaba sobre las garantías constitucionales, el Estatuto para el proceso de reorganización nacional. 

VII. Matar al Papa. 

Entre las víctimas más notables de la mafiosa P2 se encuentra el prelado italiano Albino Luciani, quien fuera ungido Papa Juan Pablo I, y que murió súbitamente el 28/9/1978 luego de 33 días de papado, a los 65 años. El escritor David Yallop (4) sostiene muy documentadamente que Luciani fue envenenado en un plan urdido por la P2. Un entramado donde el casillero de su muerte se completa con el colapso del Banco Ambrosiano y el IOR (Instituto para las Obras de Religión), y aparecen dirigidas por «il venerabile» Gelli, los banqueros Roberto Calvi, Michele Sindona, Umberto Ortolani y el cardenal Paul Marcinkus. El Vaticano tampoco explicó por qué no se realizó una autopsia al cuerpo del Sumo Pontífice, como fue siempre costumbre de la Santa Sede. 

VIII. En la banda oriental. 

El 2/10/2015 se realizó en la finca La Blanqueada, en las afueras de Montevideo, un allanamiento de domicilio del coronel Elmar Castiglioni. La diligencia ordenada por la jueza Beatriz Larrieu había sido tomada para investigar la relación del oficial del ejército con el homicidio de Fernando Miranda Pérez, escribano y militante del Partido Comunista, secuestrado el 30/11/1975. El cadáver del militante había sido hallado dentro del predio del Batallón de Infantería n° 13, posteriormente identificado por compatibilidad genética. En las 65 cajas secuestradas se encontró lo que luego se denominaría «archivo Castiglioni» alrededor de 1.100 microfilmaciones referidas a los detenidos desaparecidos de Uruguay. La documentación muy voluminosa es de las principales que logró obtener la justicia y prueba los nexos entre el terrorismo de estado uruguayo con la P2. Castiglioni había sido en 1981, inspector de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia y en ese rol encabezó un allanamiento en Carrasco, en el inmueble donde se reunía la logia P2 sudamericana. Esa documentación reaparece en su propia casa, Castiglioni se había quedado con los archivos durante 34 años. Contiene una lista de miembros uruguayos de la P2 que eran protegidos por Licio Gelli y Umberto Ortolani (fundador del grupo Ortolani de Uruguay). Surge de ese archivo que Gelli fue un encumbrado colaborador de la CIA, desde la finalización de la 2° guerra mundial («nací en época fascista. Trabajé para el fascismo. Soy fascista y moriré siendo fascista…”, dijo ante la cámara de televisión). Entre los miembros de la P2 se registran los militares Luis Queirolo, Eduardo Zubía y Julio César Vadora. Refiere a la estructura comercial del BAFISUD, Banco Sudameris entidad fundada por

Ortolani y que terminaría convirtiéndose en el segundo banco en importancia, de la banda oriental. Actualmente conserva su sede en pleno centro de Montevideo, operando como financiera y Mario Ortolani como principal latifundista y productor agropecuario. En la R.O.U. por resolución presidencial de Jose «Pepe» Mujica, del 12/5/2011, se dejó sin efecto la ley de caducidad permitiendo seguir investigando y juzgando los crímenes de lesa humanidad, como sucediera en 2012 con la causa 10592/1985 donde se resolvió condenar a 30 años de penitenciaría a los militares Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco por los secuestros y homicidios de los militantes políticos Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. 

IX. Tabla de sanciones. 

-Licio Gelli: En Italia fue condenado a 12 años de prisión por la quiebra fraudulenta del Bco. Ambrosiano en 1998. Vivió en arresto domiciliario hasta su muerte. En Suiza fue condenado a 16 meses de prisión por soborno, con suspensión de cumplimiento de la pena. Falleció en su palacio de Arezzo el 15/12/2015. 

-Umberto Ortolani: Condenado a 4 años de prisión por la quiebra fraudulenta de Editorial Rizzoli, en 1994. Condenado a 12 años de prisión por fraude contra el Instituto de Crédito de Milán. En 1998 se suspendió la ejecución de la pena por razones de salud. Había recibido el título de Chambelán Papal de manos del Papa Pablo VI en 1963, luego revocado por Juan Pablo II en 1983. Falleció el 17/1/2002. 

Emilio Eduardo Massera: Condenado a prisión perpetua en la causa 13/84 por la Cámara Federal de San Martín. Indultado por el Pdte. Carlos Menem el 7/10/1989. Declarado nulo el indulto por la Corte Suprema el 31/8/2010, en causa «Videla, Massera s/recurso de casación». En fecha ya consignada falleció estando internado en el hospital naval. 

–José López Rega: Detenido por un juez norteamericano el 13/3/1986 en Miami. Extraditado y procesado en Argentina por los delitos de asociación ilícita, secuestro y homicidio. Murió en situación de prisión preventiva el 9/6/1989, en la cárcel ubicada sobre calle Viamonte al 1.100, Capital Federal. 

–Carlos Guillermo Suárez Mason (p): condenado el 24/6/2003 a prisión de 3 años y medio por el ex juez federal Norberto Oyarbide por cometer apología del delito. El 7/1/1999 la Asociación Atlética Argentinos Juniors, por decisión unánime de su comisión directiva, lo había expulsado del club de La Paternal teniendo en cuenta «las acusaciones por un total de 635 delitos, violaciones, asesinatos, desapariciones, malversación de fondos en YPF, sustracción de bebés nacidos en cautiverio, entre otros». Cumpliendo arresto efectivo en la cárcel de Villa Devoto y yante una descompensación cardiovascular murió en el hospital militar, el 21/6/2005. 

Logia P2 sus ramificaciones sudamericanas en el crimen global. Estructuras económicas.

Il Parte. 

En este segundo capítulo nos referimos a testimonios en juicio oral de lesa humanidad y archivos que dan cuenta de esas prácticas criminales. 

X- Testimonio de Juan Alberto Gaspari (conocido periodista Juan Gasparini (5), secuestrado en 1977 y sobreviviente de la ESMA. Su esposa Mónica Jáuregui fue secuestrada y asesinada por el grupo de tareas 3.3.2. Sus hijos todavía bebés entregados en la sala cuna) Declaró en el juicio ESMA el 11-6-2013. En su larga declaración, de más de 3 horas expresó: » Conrado Gómez que me alquilaba un departamento en Bs. Aires era asesor legal de Cerro Largo S.A. Una vez que Gómez es detenido en la ESMA da información y luego detienen a los dueños de la empresa Victorio Cerutti, Pincolini y Horacio Palma que eran los propietarios de 27 hectáreas en Chacras de Coria. Rádice y Hernández comenzaron a viajar frecuentemente a Mendoza para tomar las tierras. Cerutti firmó forzado y en cautiverio a favor de oficiales de la ESMA los marinos Whamond (Francis) y Spinelli. Como los militares tenían doble identidad y no querían aparecer como ladrones usaban documentos falsos, con los cuales aparecen luego vendiendo las tierras. Así Whamond otorga poder a otra persona real para transformarlo en dinero. Un abogado mendocino Manuel Campoy y el escribano Andrónico Campoy, con la ayuda de Nicolás Becerra (luego Procurador General de la Nación) organizaron los loteos y la venta, la que era ofrecida por la firma WILL-RI. Conozco porque luego viviendo en Suiza lo investigué, y lo escribí como columnista en distintos diarios que Astiz, Chamorro, Arduino, Tigre Acosta y Bussi tenían cuentas en Suiza. La fiscal helvética Carla del Ponte informó sobre estas cuentas a la Argentina. Rádice montó una inmobiliaria desde la ESMA. Se calculó por organismos de derechos humanos alrededor de u$s 70 millones en ventas de bienes de personas secuestradas y desaparecidas que pasaron por la ESMA». 

XI- Testimonio de Víctor Anibal Fatala (secuestrado el 6/11/78), «estuve en la zona de la pecera en la ESMA donde había una ventana por donde veía el río. Luego de estar en el casino de oficiales me llevaron al tanque de agua donde habían colchonetas separadas por tabiques de madera. Había robos, a mi me robaron un camión volcador viejo con el cual hacía fletes para obras. Me hicieron firmar un 08 en blanco para luego poder venderlo».

XII- La firma WILL- RI impuso su nombre al barrio construido en las 27 hectáreas de Chacras de Coria hasta fines del año 2011, cuando el Consejo Deliberante de Luján de Cuyo aprobó el cambio de nombre, pasando a llamarse «Casa Grande». 

XIII-TALSUD S.A. Permanece como empresa en actividad para la venta de maquinarias, equipos, suministros e insumos al por mayor, con sede social en CABA. 

XIV-SEAL LOCK, como SRL permanece en actividad como firma dedicada a la fabricación de precintos de seguridad documental, con sede en CABA. 

XV-MARTIEL S.A. registra con modificaciones en su estatuto societario en 1988, con sede en CABA. 

XVI- Archivo Castiglioni. 

Se desprenden de este archivo que Franco Macri hizo su fortuna negociando con Licio Gelli, la logia P2 y la cosa nostra italiana. Es interesante -además- que la P2 en Argentina se estableció con el nombre de PRO, propaganda patriótica, muchos años antes de la creación del partido político y que Guillermo de La Plaza ex embajador argentino en Uruguay, era la pieza clave de la logia en ambos lados del Río de la Plata. También figuran mencionados en los archivos secuestrados en la finca La Blanqueda de Montevideo: Aldo Alasia, Luis Betti, César de La Vega (médico cirujano y ex gran maestre de la Gran Logia de Argentina entre 1972 y 1975), Esteban Caselli y Eduardo Sadous (6), con funciones en la operatividad y desarrollo de la doctrina de la seguridad nacional en los países rioplatenses. 

Conclusiones: 

A- La mayoría de acciones civiles por casos adheridos a hechos penales de lesa humanidad no han obtenido tratamiento en las administraciones de justicia de Uruguay y Argentina. Es el caso de las desapropiaciones de bienes sucedidas en «El pañol» del CCD ESMA. Desde allí se urdió la desposesión y despojo a la firma Cerro Largo S.A. sin que el caso Chacras de Coria obtenga reparación, sea por parte de los tribunales mendocinos, sea por tribunales federales. El código civil y comercial argentino vigente desde el 8/10/2014 señala en su art. 2561: «las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad son imprescriptibles» (7). 

B- La justicia internacional, vinculada a casos que conectan a Italia con Uruguay e Italia con Argentina no ha mostrado un nivel aceptable, en cuanto al cumplimiento con el principio de reparación por daños civiles a personas y sociedades comerciales que fueron sistemáticamente perseguidas y despojadas durante períodos de terrorismo de estado. Los

beneficiarios de bienes ajenos tampoco han sido compelidos a la inmediata devolución. Es necesaria una mayor inter actuación de sus autoridades para conectar los modos de operar de las grandes mafias internacionales, y en su caso una mayor difusión, como es el caso del Informe de la Comisión parlamentaria italiana presidida por Tina Anselmi, de 1984, sobre los crímenes de la logia P2. La realidad del crimen conglobante requiere de nuevos horizontes en su tratamiento, porque de otra manera se estancan los objetivos de Memoria, Verdad, Justicia y Reparación. 

C-La imperiosa necesidad de la apertura, publicación y difusión del «archivo Castiglioni», como de otros archivos que puedan existir en las logias masónicas de Argentina y Uruguay, acerca del destino de personas desaparecidas, nacidas en cautiverio y sobre sus efectos civiles imprescriptibles. 

Notas: 

(1)Marcelo Larraquy, escritor y periodista, sostiene que el 13/4/1973 Gelli visitó la sede de la masonería argentina de la calle Cangallo 1242, portando una carta del gran maestre de la Gran Logia del Oriente de Italia Lino Salvini, donde se solicitaba que don Licio Gelli sea designado representante italiano ante la logia argentina. Alcibíades Lappas, secretario de la fraternidad local respondió a su similar de Italia que “el venerable hermano Licio Gelli había sido designado Gran Representante de esa logia y que ya se estaba confeccionando su diploma». En agradecimiento a la masonería local, Gelli haría construir la escalera de mármol que todavía luce la sede. 

(2) Entrevista al diario La Opinión de Rafaela, 27/1/2005. 

(3) Miguel Bonasso. Lo que no dije en Recuerdo de la muerte. Ed. Sudamericana. (4)David Yallop. Por voluntad de Dios?. Ed. Sudamericana. 

5)Algunos de los libros de investigación de hechos históricos de Juan Gasparini son: 

•La delgada línea blanca, Ediciones B, año 2000, en coautoría con Rodrigo De Castro. •La fuga del brujo, Ed. Grupo Norma, 2005. 

•Borges: la posesión póstuma, Foca ediciones, 2000. 

•La injusticia federal, Edhasa, 2005. 

•El crímen de Graiver, Ed. Zeta, 1990. 

•David Graiver, El banquero de los Montoneros, Ed.Grupo Norma, 2007. 

6) Revista Caras y Caretas, del 26/02/2017. 

7) Tucumán (en la zonificación militar era zona 3 subzona 32) fue otra provincia con numerosas desapropiaciones de bienes. En la causa 081810099/2012 «Toledo de Ygel, María Elena y otros imputado Menéndez, Luciano Benjamín» el TOF de Tucumán declaró la imprescriptibilidad civil por desapropiación de 25 hectáreas de tierras de propiedad de la Sra. Julia Rita Ariza y sus herederas. Las tierras ubicadas en estancia Yacuchina Monteros

fueron bautizadas de facto por el interventor militar Antonio Bussi con el nombre de «Capitán Cáceres». Los jueces del tribunal federal Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga ordenaron el pago de una indemnización a favor de la familia víctima. Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal en el año 2016 por mayoría y con la disidencia del juez Gustavo Hornos (que mantuvo el criterio de Jiménez Montilla y Reynaga) la revocó y declaró prescripta la acción civil. La causa penal quedó confirmada como de lesa humanidad y condenado el comandante de la zona 3 Luciano Menéndez a 12 años de prisión por varios delitos, entre ellos los secuestros extorsivos del comerciante Ricardo Ygel y de su suegra Julia Rita Ariza. El 7/2/2017 ingresó a la Corte el recurso extraordinario federal, por la cuestión de la prescripción civil. Hasta el presente la cuestión continúa pendiente de resolución.

I:. P:. H:. Julián Álvarez 33°